EL IMPUESTO MUNICIPAL A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) Y LOS SERVICIOS PROFESIONALES

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Servicios profesionales

según el reglamento parcial en materia de retenciones de ISLR, en su artículo 14, del Decreto 1.808, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.203, define  el pago o contraprestación que reciben las personas naturales o jurídicas en virtud de actividades civiles de carácter científico, técnico, artístico o docente, realizadas por ellas en nombre propio, o por profesionales bajo su dependencia, tales como los servicios prestados por médicos, abogados, arquitectos, odontólogos, psicólogos, economistas, contadores, administradores comerciales, farmacéuticos, laboratoristas, maestros, profesores, geólogos, agrimensores, veterinarios y otras personas que presten servicios similares. 

Por otra parte, la mayor fuente de ingresos municipales, está constituida por el impuesto a las actividades económicas industriales, comerciales, de servicio y de índole similar, que por esencia son de naturaleza mercantil, ya que ellas están destinadas a obtener un lucro, lo cual permite incrementar la capacidad económica de los sujetos pasivos que habitualmente ejercen tales actividades en la jurisdicción de los Municipios que conforman la geografía nacional.

En consecuencia, la legislación local (Ordenanzas), configuran el ejercicio habitual de tales actividades como la causa que genera la obligación de pagar determinadas cantidades de dinero al Municipio, para que éste las retribuya a la ciudadanía mediante la construcción de obras y prestación de servicios con el fin de elevar el nivel de vida de la población y propender al mejoramiento de la economía local.

De los mencionados componentes de la economía, antes mencionados, (industria, comercio y servicios), interesa sobremanera delimitar el concepto de servicios, por cuanto el mismo tiene una muy diversa connotación, que por su amplitud puede conducir al intérprete a erradas conclusiones. 

En efecto, se entiende por servicios, toda actividad en la que prevalece una obligación de hacer. Así tenemos que un trabajador le presta servicios a su empleador, el mecánico presta servicios en su taller, el obrero que repara unos bienes igualmente presta servicios, también presta servicios el transportista de bienes, así como la empresa telefónica o de suministro de electricidad; el funcionario es un servidor público, las instituciones financieras prestan servicios de intermediación y colocación de dinero, los egresados de universidades también prestan servicios como los médicos, contadores, ingenieros, abogados, odontólogos, economistas, entre otros.

Así mismo, al lado de estos prestadores de servicios en forma individual, también existen grupos asociativos en los que se concentran varias personas naturales, que forman sociedades o compañías, generalmente identificadas como anónimas, con un capital de trabajo, un determinado objeto social de naturaleza profesional con reglas internas propias, que persiguen la obtención de ingresos, calificados como honorarios profesionales.

Estas sociedades o compañías, cuando ejercen actos de comercio, son calificadas por el ordenamiento jurídico venezolano como comerciantes, haciendo de tal actividad un ejercicio permanente, así como también aquellas personas naturales que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, y por ello reciben la calificación de comerciantes.

Pues bien, todos los proventos, caudales o ingresos obtenidos por esos actos de comercio, incluso de industria y servicios de índole similar a tales actividades, se encuentran sujetos al pago del impuesto a las actividades de esa naturaleza en el Municipio donde tengan el establecimiento permanente para dicho ejercicio en forma habitual.

Sin embargo, acá surge una situación contradicha por las autoridades tributarias municipales, ya que existe la muy marcada tendencia a exigirle a los profesionales, egresados de universidades, el pago de impuestos municipales por la prestación de servicios propios de formación universitaria en medicina, contaduría, economía, y demás profesiones, bajo el argumento de que se trata de servicios gravados por el impuesto a las actividades económicas. Incluso, con mayor nivel de exigencia cuando se trata de grupos de profesionales que se asocian bajo la figura de una compañía anónima para prestar tales servicios, por ejemplo, de servicios médicos en clínicas, de hospitalización, de cirugía, bufetes de abogados, empresas consultoras en ingeniería, o servicios de odontología, constituidas bajo la figura asociativa o firma de contadores, entre otras figuras colectivas de egresados universitarios, para la prestación de tales servicios.

Los principales argumentos de las autoridades tributarias municipales son: a) Que de la figura asociativa se deduce el carácter comercial de la compañía y b) Que se trata de una prestación de servicios como lo establece la Ordenanza, apartándose del criterio que sostiene que la actividad desarrollada por las compañías así constituidas no es comercial ni de servicios comerciales, ni los servicios prestados son de esta naturaleza.  

Nuestra doctrina y jurisprudencia ha sostenido que sólo las actividades realizadas con fines de lucro (eminentemente comercial) o que tienen su causa en el desempeño de una industria o comercio, o en una que tenga afinidad con cualquiera de estas actividades, puede ser calificada como de naturaleza mercantil o de intermediación en el tráfico económico, por lo tanto, estará sujeta al impuesto que pesa sobre actividades económicas.   

Contrariamente, las actividades realizadas con fines de obtener ingresos dinerarios, que tienen su causa en la prestación de un servicio profesional ejecutado con motivo de la celebración de un contrato de mandato, de servicios o de obras, que es el caso de los contratos profesionales que celebran las personas, naturales o jurídicas, legalmente autorizadas para prestar servicios en el campo de la ingeniería, la arquitectura, la abogacía, la psicología, la contaduría, la economía, entre otras, a cambio de una contraprestación, a la que se denomina honorarios, no están sujetas al pago de los tributos municipales por concepto de industria, comercio, de servicio y de índole similar, puesto que -se insiste- son actividades económicas de naturaleza civil, no subsumibles en alguna de las disposiciones legales del comercio, y por lo tanto, se rigen por lo dispuesto en las leyes civiles o en leyes especiales, no siendo susceptibles de ser objeto de imposición alguna por constituir, a pesar del ánimo de lucro que evidencian, supuestos de no sujeción en atención al objeto civil a que responden.

Conclusión

Los municipios en su afán de aumentar los ingresos tributarios, cometen un exceso al pretender gravar a las actividades profesionales de naturaleza no mercantil, sean estas prestadas en nombre propio o por personas bajo su dependencia.