Municipios, IAE y Actividad Primaria

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Para obtener los recursos económicos y así, dar el cabal cumplimiento de los fines y objetivos del poder municipal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, le confirió, a los Municipios autonomía (Arts. 64, 2 , 6, y 168), entendida como el derecho, que tienen de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos de la vida local, dentro de la ley y de su responsabilidad, en beneficio de los ciudadanos, aun cuando, sometida a limitaciones constitucionales y legales.

En este sentido, destacan el poder y la potestad tributaria, que traducen la posibilidad jurídica para crear modificar o exigir tributos, a las personas que se encuentren en su ámbito territorial ejerciendo actividades económicas, con lo cual hacen incidir el poder tributario en la labor legislativa, aun cuando, sujeto a que el ejercicio de esa atribución lo sea dentro del bloque de la legalidad.

De allí la creación de normas tributarias que gravan las actividades económicas industriales, comerciales de servicios y de índole similar; es decir, aquellas que son habitualmente ejercidas en cada Municipio, siendo muy común la práctica, de determinar cargas tributarias sobre actividades ejercidas sobre elementos proporcionados por la naturaleza, que el hombre aprovecha o extrae en su beneficio, tales como alimentos, frutos, minerales, entre otros.

Ha sido reiterado el criterio de los administradores de justicia, que aquellos ingresos obtenidos por la venta de los bienes proporcionados por la naturaleza, no están sujetos al pago del impuesto municipal mencionado, y que, por lo tanto, el campesino, el agricultor, minero, fruticultor, criador, avicultor, ganadero, entre otros, no está obligado a hacer pago alguno a los Municipios, por tales ingresos derivados del ejercicio de sus actividades habituales, aun cuando las autoridades municipales así se lo exijan, tales pagos o condicionen la satisfacción u obtención de determinados servicios, a la exhibición de solvencia municipal por el pago del impuesto a las actividades económicas.

Especial tratamiento le ha dado el legislador a todas aquellas personas jurídicas, naturales o simplemente asociadas para explotar sus fundos, granjas o espacios, por si o con autorización de sus propietarios, en beneficio de la seguridad alimentaria y de riqueza de la ciudadanía en general.

Ha sido reiterada y ya consolidada la opinión de los estudiosos de estos temas sobre impuestos municipales, que quienes ejercen en forma habitual lo que se conoce como actividad primaria, y que por su ejercicio obtienen ingresos, no están obligados a pagar el impuesto por las actividades económicas al Municipio donde desarrollan su explotación o actividad. Las autoridades municipales ni ninguna otra, tienen la potestad de imponer multas, sanciones, restricciones o exigir pagos por otros motivos, ni condicionar la obtención o el disfrute de servicios públicos necesarios, aun cuando éstos sean dispensados o administrados por personas privadas, a que el productor, granjero, avicultor, ganadero, entre otros, deba obtener y exhibir solvencias de ningún tipo o clase sobre el pago de dicho impuesto, o de multas, o de otras sanciones o intereses.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las respectivas leyes nacionales, así como las locales (Ordenanzas) brindan una eficaz protección al sector productor de alimentos y de bienes provenientes de la naturaleza, por ser considerados productos de primera necesidad y calificados como elementos indispensables de la soberanía alimentaria, que permita el suministro oportuno de productos alimenticios para la dieta de la ciudadanía.

Igualmente, el ordenamiento jurídico dispone de herramientas legales que, al ser oportunamente ejercidas frente a las autoridades tributarias que, por erradas interpretaciones de las leyes, exigen el pago de sumas de dinero por concepto de impuestos a las actividades económicas, al calificarlas como industriales, como comerciales o de servicios. Esos medios legales de defensa impiden la exigencia de pagos no adeudados y la imposición de sanciones.

Por esa razón, es necesario tener claro el alcance de los derechos de quienes ejercen actividades conocidas como de producción primaria, para no incurrir en el error de hacer pagos por obligaciones tributarias inexistentes ni por multas, intereses, ni soportar cierres de establecimientos, o restricciones para disfrutar de otros servicios sujetándolos a la obtención de un certificado de solvencia, por demás, improcedente.

En caso de que en el Municipio donde las personas naturales, empresas, sociedades o compañías anónimas, o simplemente asociados, firmas unipersonales, ejerzan actividades habituales para el aprovechamiento de bienes provenientes de la naturaleza, crianza de animales para ser beneficiadas, cultivos, pesca, ganadería, actividades avícolas, porcinas, entre otras, y hayan sido objeto de fiscalizaciones y exigencias ilegales de pagos por los ingresos derivados de esas actividades habituales, o que los hubieren pagado, o hayan sido multados o se les exija pago de intereses moratorios, o penalizados con sanciones derivadas de supuestas infracciones, o constreñidos a obtener certificados de solvencias para la dispensa de otros bienes de consumo; se encuentran asistidos del derecho a la recuperación de lo pagado indebidamente y a que no se les exija ningún otro pago en el futuro por el ejercicio de actividades primarias.

Sin embargo, para ello es necesario el asesoramiento de profesionales del derecho que, en ejercicio de la abogacía, asuman su representación en los procedimientos administrativos ante la autoridad municipal o ante las autoridades judiciales, para hacer valer los argumentos y alegatos de su situación o caso concreto en defensa de sus derechos económicos y de sus intereses jurídicos.  

Conclusión

Los municipios en su afán de aumentar los ingresos tributarios, cometen un exceso, al pretender gravar mediante el impuesto sobre las actividades económicas y de índole similar, a los productores que realizan actividades económicas a nivel primario, estas empresas  no están sujetas al IAE, cometiendo un exceso, al obligarles a pagar un impuesto a quien, no está sujeto a este gravamen, los afectados deben acudir ante las autoridades de justicia para que ponga orden y se cumpla la Ley, además, podrán solicitar, que sean devueltas las cantidades pagadas indebidamente.